BRASILIA, Brasil.- El informe final de la comisión investigadora del Senado de Brasil sobre la pandemia acusó al presidente Jair Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos, crímenes contra la humanidad, por sus decisiones y omisiones frente a la crisis sanitaria que dejó más de 603.000 muertos en el país.
Tras seis meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) recomendó acusar formalmente a Bolsonaro de “epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias; empleo irregular de fondos públicos; incitación al delito; falsificación de documentos privados; curanderismo; crimen de prevaricato; crimen de lesa humanidad y delito de responsabilidad”. Estos delitos suman 78 años de prisión en promedio, apuntó Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión
El documento leído por el relator de la comisión, Renan Calheiros, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) acusa a otras 68 personas, entre ellas tres hijos del mandatario, tres ministros y cuatro ex ministros, además de empresas que participaron de corrupción y una compañía de medicina prepaga que realizó experimentos en pacientes con remedios que el gobierno promocionó para, supuestamente, prevenir la covid-19.
“El Presidente de la República alentó reiteradamente a la población a no seguir la política de distanciamiento social, se opuso reiteradamente al uso de mascarillas, convocó, promovió y participó en aglomeraciones y buscó descalificar las vacunas contra la covid-19”, escribió Calheiros en el informe de casi 1.800 páginas.
“Esta estrategia, en realidad ligada a la idea de que el contagio natural induciría la inmunidad colectiva, apuntaba exclusivamente a la reanudación de las actividades económicas”, añadió.
Los cargos deberán ser votados por el resto de la comisión el 26 de octubre y -si son aprobados- al fiscal general, Augusto Aras, al Supremo Tribunal Federal y, en el caso del delito de crimen contra la humanidad, al Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas, de La Haya.
Como acusados de prevaricación, falsificación de documentos públicos, uso irregular de dinero público y atentados contra la dignidad del cargo, el comité señala a Bolsonaro, cuatro de sus ministros (Marcelo Queiroga, Walter Braga Netto, Onyx Lorenzoni y Wagner Rosario) y 61 funcionarios de la Administración que de alguna forma contribuyeron a la mala gestión de la emergencia.
Hubo también una red de corrupción “nunca vista” en el Ministerio de Salud, apuntó en referencia a las acusaciones de “fraude” durante la gestión del general bolsonarista del Ejército Eduardo Pazuello al frente de la cartera sanitaria.
El texto también denuncia la creación de un gabinete paralelo con médicos negacionistas, que distribuían remedios sin eficacia para evitar los confinamientos y para alentar a la población a salir a las calles; además de haber despreciado la compra de vacunas y de haber ocultado lo que sabía sobre corrupción en la negociación que lobistas vinculados al poder militar realizaron para adquirir en forma fraudulenta la vacuna india Covaxin.
En la sesión, el senador bolsonarista Marcos Rogerio pidió la nulidad del informe y sostuvo que no se estaba respetando el derecho de defensa del presidente. Le respondió el titular de la comisión, Omar Aziz, ex gobernador de Amazonas, quien afirmó que Bolsonaro “cometió delitos y deberá pagar por ellos”.
La acusación, aunque simbólica, llega en uno de los peores momentos de popularidad de Bolsonaro, donde las encuestas para las elecciones de 2022 lo ubican detrás del ex presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, crítico del líder ultraderechista. (Télam-Especial)